El Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Sandra Liliana Ortiz Nova tras declarar el vencimiento de términos dentro del proceso que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La decisión fue adoptada al evidenciar que se superaron los plazos establecidos por la ley —240 días— entre la radicación del escrito de acusación y el inicio del juicio oral. Según el despacho, transcurrieron 329 días sin que se diera apertura a la etapa de juzgamiento, situación que vulnera las garantías procesales de la imputada.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Ortiz es investigada por su presunta participación como intermediaria en el pago de sobornos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, quienes actualmente permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Estos recursos, según el ente acusador, habrían tenido como finalidad asegurar apoyos políticos a las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En su pronunciamiento, el juez señaló que “el término está ampliamente superado”, por lo que accedió a la solicitud de la defensa y ordenó la libertad de Ortiz de manera inmediata.
Pese a recuperar su libertad, la exfuncionaria continuará vinculada al proceso penal mientras avanzan las etapas judiciales correspondientes para esclarecer su presunta responsabilidad en este caso de corrupción que ha salpicado a altas esferas del poder político en el país.