La exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, continuará bajo detención preventiva mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
La decisión fue adoptada por un juez penal de control de garantías de Bogotá, quien ratificó la medida de aseguramiento impuesta el pasado 18 de diciembre de 2024, al considerar que la exfuncionaria aún representa riesgo para la comunidad y mantiene la capacidad de interferir en el proceso judicial.
El Juez rechazó los argumentos presentados por la defensa, que buscaba revocar la medida, y respaldó los planteamientos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ha sostenido que existen elementos probatorios suficientes para mantener la restricción de libertad.
Sandra Ortiz Nova fue acusada formalmente por hechos ocurridos en octubre de 2023, cuando presuntamente movilizó cerca de 3.000 millones de pesos, dinero que habría sido entregado al entonces presidente del Congreso de la República a cambio del direccionamiento irregular de un contrato de carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El proceso judicial continúa en curso, mientras la Fiscalía adelanta nuevas diligencias y recopilación de pruebas en torno al escándalo que ha salpicado a varios exfuncionarios públicos.