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El Gobierno anunció investigaciones para esclarecer el manejo de los recursos del magisterio y aseguró que garantizará la continuidad de los servicios de salud y las prestaciones de los docentes.

El Gobierno Nacional anunció que no prorrogará el contrato del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) con Fiduprevisora, vigente desde hace 36 años y modificado en 43 oportunidades mediante otrosíes.

La decisión,  fue presentada como un cambio de fondo en la administración de los recursos destinados a los maestros del país.

De acuerdo con el comunicado de prensa, el Fondo registra un patrimonio negativo superior a los 3,1 billones de pesos, además de dificultades en la atención médica, retrasos en los pagos y problemas que han afectado el acceso de los docentes a los servicios de salud.

Auditoría para establecer responsabilidades

Como parte de las medidas anunciadas, el Gobierno ordenó una auditoría forense con el propósito de esclarecer el manejo de los recursos, identificar posibles irregularidades y determinar responsabilidades.

Los resultados de esta auditoría serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

El comunicado también señala que se investigarán denuncias relacionadas con un presunto reparto de cuotas políticas y posibles beneficios económicos para políticos, abogados y personas que habrían respaldado nombramientos en cargos de poder dentro de la entidad.

Garantizan continuidad de los servicios

Uno de los aspectos centrales del anuncio es la garantía de continuidad de los servicios de salud y del reconocimiento de las prestaciones sociales del magisterio durante el proceso de transición hacia un nuevo modelo de administración.

El Gobierno aseguró que este cambio deberá desarrollarse bajo criterios de transparencia y protección de los recursos de los maestros.

La decisión abre un nuevo capítulo en la administración del FOMAG, una entidad fundamental para el bienestar de los docentes colombianos. Ahora, el principal desafío será garantizar que la transición no afecte la atención médica, los pagos y los derechos prestacionales de miles de educadores.

(Con información Ofiprensa Presidencia de La República)