La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Penal, confirmó la condena contra el general en retiro Rodolfo Bautista Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
De acuerdo con la decisión judicial, Palomino López —quien se desempeñaba como director de la Policía Nacional de Colombia— sostuvo una reunión en su residencia con una fiscal para abordar una operación en contra de 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba.
Durante el encuentro, el entonces alto oficial planteó la posibilidad de frenar una de las capturas, específicamente la de un ganadero al que calificó como una persona “muy influyente”.
Por estos hechos, la Sala Especial de Primera Instancia ya había impuesto en noviembre de 2024 una condena de siete años de prisión, una multa de 174,99 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante nueve años. Asimismo, le fue negado el beneficio de prisión domiciliaria.
Al resolver el recurso de apelación, la Sala de Casación Penal descartó los argumentos de la defensa sobre una supuesta prescripción de la acción penal. También otorgó validez probatoria a la grabación realizada por la funcionaria de la Fiscalía durante la reunión, en la que se evidenciaría la intención de influir en una decisión favorable para el ganadero Luis Gonzalo Gallo Restrepo.
El alto tribunal concluyó que no existe duda de que Palomino López utilizó su investidura para intentar incidir de manera indebida en la fiscal del caso, con el propósito de obstaculizar la investigación y evitar la ejecución de la orden de captura contra Gallo Restrepo.
“Solicitar directamente en la vivienda de una fiscal que una investigación se dejara quieta […] se instituyó en un abuso del poder del que, para entonces, estaba investido”, señaló la Sala en su decisión.
Finalmente, la Corte indicó que el exdirector de la Policía incurrió en una grave desviación de poder, agravada por su alto cargo, al aprovechar su posición para acceder a información reservada de una investigación relacionada con un presunto despojo sistemático de tierras que afectó a campesinos del Urabá antioqueño.