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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el entonces secretario general del Concejo Municipal de Tunja, Juan Pablo Neira Martínez, y la ex tesorera general, Silia Inés Pulido Umaña, por presuntas irregularidades en el recaudo de un tributo destinado a financiar la universalización del servicio de energía eléctrica.

Según el organismo de control, Neira Martínez habría permitido que no se aplicara el descuento del 1 % correspondiente a la estampilla pro electrificación rural al momento de efectuar pagos de contratos suscritos por la corporación entre el 4 de enero y el 23 de diciembre de 2022.

De acuerdo con las pruebas recaudadas dentro del proceso disciplinario, durante esa vigencia se celebraron contratos por un valor total de $1.199.775.332. No obstante, no existiría evidencia del pago de la contribución, que ascendería a $11.997.753.

El pliego de cargos también cobija a la entonces tesorera Silia Inés Pulido Umaña, quien presuntamente habría incumplido su deber funcional al no realizar el descuento correspondiente sobre los contratos celebrados en ese mismo periodo.

Las conductas investigadas fueron calificadas provisionalmente por la Procuraduría como falta grave cometida a título de culpa gravísima, lo que podría acarrear sanciones disciplinarias en caso de ser comprobadas.

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