El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación junto con la directora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán, y la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos de prestación de servicios.
De acuerdo con la investigación, en febrero de 2024 se firmó un contrato por 19,8 millones de pesos que nunca se ejecutó. Más tarde, a través de la empresa pública Ecovivienda, se suscribió otro contrato por 54,2 millones de pesos.
La Fiscalía estableció que el alcalde habría favorecido a un abogado que demandó la nulidad de su elección y que posteriormente retiró la demanda, tras recibir el mencionado contrato para trabajar durante más de once meses en Ecovivienda, el fondo de vivienda de Tunja.
Los elementos probatorios señalan que Krasnov habría presionado y amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para que formalizara el contrato y firmara un documento que lo eximiera de posibles responsabilidades.
Por estos hechos, el alcalde enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo, mientras que Luz Mila Acevedo Galán y Sara Catalina Pedraza Canaría deberán responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de coautora y cómplice.
El juez de control de garantías que dirigió las audiencias impuso a los procesados medidas no privativas de la libertad, mientras continúa el proceso judicial.