La Fiscalía le atribuye los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado, tras una presunta afectación al patrimonio del Estado superior a $1.600 millones.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, por su presunta responsabilidad en el reconocimiento y orden de pago de mesadas pensionales e intereses moratorios inexistentes, hechos que habrían generado un detrimento patrimonial al Estado.
Un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía
Los hechos se remontan al 10 de julio de 2013, cuando la hoy magistrada se desempeñaba como juez laboral del circuito de Barranquilla. En esa condición, presuntamente libró un mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos a favor de un pensionado, pese a que existían pruebas y normas que indicaban que las mesadas reclamadas ya habían sido pagadas de forma completa y oportuna por el entonces Instituto de Seguro Social (ISS)
Según la Fiscalía, la funcionaria judicial habría incrementado de manera injustificada un valor inicial de 571 millones de pesos, previamente liquidado en un auto del 24 de mayo de 2010, al reconocer rubros ya cancelados y adicionar intereses moratorios e indexación, aun cuando el Tribunal Superior de Barranquilla había advertido expresamente que el crédito debía fijarse en “cero”, al encontrarse cubiertas en su totalidad las obligaciones pensionales
El ente acusador sostiene que, con estas actuaciones, la magistrada habría favorecido al accionante, permitiendo la apropiación de recursos públicos por concepto de mesadas que ya habían sido pagadas, lo que derivó en un perjuicio económico para el Estado