La Fiscalía General de la Nación reveló la existencia de un entramado delincuencial conformado por funcionarios públicos y particulares, que operaba mediante el cobro de altas sumas de dinero para direccionar procesos judiciales relacionados con lavado de activos.
Dentro de las diligencias adelantadas, se confirmó que parte de este actuar ilegal tuvo lugar en Chiquinquirá, Boyacá.
En diligencias realizadas en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta) fueron capturados nueve de los señalados involucrados en el entramado de corrupción.
Se trata de los integrantes de la Dijin de la Policía Nacional, capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; y los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.
De acuerdo con la Fiscalía, los implicados habrían aprovechado sus cargos y acceso a información reservada para exigir pagos que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos, con el fin de evitar medidas cautelares de extinción de dominio, frenar órdenes de captura y manipular actuaciones judiciales en favor de un ciudadano condenado en Estados Unidos y de su entorno familiar .
Las investigaciones permitieron establecer que algunos de los hechos delictivos se presentaron entre 2014 y 2025, periodo durante el cual los presuntos responsables sostuvieron reuniones en distintas ciudades del país y, en algunos casos, habrían eliminado evidencias, intimidado testigos y ejercido presiones indebidas para alterar el curso normal de las investigaciones .
La Fiscalía anunció que a los capturados se les imputarán, según su grado de participación, delitos como concierto para delinquir, concusión, fraude procesal, tráfico de influencias, falsedad ideológica en documento público, amenazas y abuso de autoridad, entre otros, en un caso que pone nuevamente en evidencia los riesgos de la corrupción dentro de instituciones encargadas de la administración de justicia en Colombia.
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