Un juez de conocimiento de Tunja condenó a dos servidores públicos por el delito de concusión, tras comprobarse que exigieron dinero a los operadores de dos minas de carbón en el municipio de Chivatá para evitar el cierre de los socavones.
Los condenados son José Adolfo Bautista Bautista, quien para la época de los hechos se desempeñaba como inspector de Policía de Chivatá, y Albeiro Saúl Hernández Vásquez, entonces intendente y jefe de la estación de Policía del municipio.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron en noviembre de 2016, cuando ambos funcionarios aprovecharon sus cargos para exigir diferentes sumas de dinero en efectivo a los arrendatarios de dos minas de carbón, condicionando la continuidad de la actividad minera al pago de dichas exigencias.
Las víctimas accedieron a entregar el dinero con el fin de evitar el sellamiento de los socavones y no ver afectadas sus actividades económicas.
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que los hoy condenados actuaron de manera consciente y voluntaria para obtener un beneficio económico indebido, conducta que vulneró la función pública y la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
Como resultado del proceso, el juez declaró penalmente responsables a los dos exfuncionarios y les impuso una pena de 8 años y 2 meses de prisión por el delito de concusión. Además, cada uno deberá pagar una multa equivalente a 68,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas por 6 años y 10 meses.
La decisión judicial ratifica la responsabilidad penal de los exservidores públicos por utilizar sus cargos para obtener beneficios económicos ilegales en perjuicio de particulares.